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La Corte Internacional de Justicia y el poder militar

November 29, 2012

El fallo sobre el litigio limítrofe colombiano-nicaragüense, dictado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, reverbera al sur del hemisferio. Bogotá sufrió un inesperado un golpe al perder una porción de mar que consideraba suya. La primera reacción fue de desconcierto. No es fácil para un país que supera a otro, en el campo de los efectivos militares en proporción de 20 a uno, aceptar una derrota jurídica que rediseña su soberanía. En una expresión de rechazo el Presidente Juan Manuel Santos anunció el retiro de su país del Pacto de Bogotá. Justificó la decisión con este argumento: “Los lí-mites entre los Estados deben ser fijados por los propios Estados. Las fronteras terrestres y los lí¬mites marí¬timos entre los Estados no deben quedar en manos de una corte sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados mediante tratados”. Es un razonamiento incomprensible pues la CIJ existe justamente para aquellos casos en que los Estados son incapaces de superar sus diferencias. Si todo quedara en manos de los Estados los más fuertes terminarán imponiendo sus términos. En realidad Santos teme que Nicaragua presente nuevas demandas en sectores que aún no ha sido delimitados.
Colombia, de todas formas, seguirá ligada al Pacto de Bogotá, como lo estipulan sus reglamentos, por un año más. De manera que si Nicaragua quiere hacer alguna demanda tiene doce meses para hacerlo y Colombia deberá responder. Chile, cuando ya sabía que Perú trabajaba sobre demanda, consideró la posibilidad de abandonar el Pacto de Bogotá. Pero a esas alturas no tenía sentido hacerlo pues Lima disponía de un año durante el cual llevar adelante su causa.
Existe la creencia que el poder militar actúa como un elemento de disuasión en materia de litigios fronterizos. En una época en que los países suelen comprometerse a recurrir al arbitraje y renunciar al empleo de las armas los arsenales se tornan irrelevantes. Lo acaban de demostrar Colombia y Nicaragua. En el caso de Chile de poco ha servido la manifiesta superioridad bélica sobre el Perú. El gasto total en Defensa chileno es de 5.044 millones de dólares versus 1.503 del Perú. En términos del producto interno bruto representa 3,08 del chileno y 1,18 del peruano y si se compara en relación al per capita se gastan 297 dólares por cada chileno contra 52 dólares por cada peruano. Las cifras, tomadas del “ The Military Balance 2011” publicado por The International Institute for Strategic Studies” de Gran Bretaña, son elocuentes pero la diferencia es mayor aún si se considera la modernidad y el poder de fuego de las fuerzas armadas chilenas.
El formidable esfuerzo realizado por el Estado chileno por dotarse de los mejores sistemas de armas de la región no inhibió al Perú para presentar su demanda. Es justo señalar, en todo caso, que ese nunca fue el propósito de las adquisiciones bélicas. Ellas responden, en primer lugar, a los cuantiosos recursos facilitados por la “Ley del Cobre” que garantiza diez por ciento de la venta del cobre de las minas estatales para la compra de armamento. Ello en tiempos de una gran bonanza del precio del cobre.

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