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Guatemala muestra el camino.

September 11, 2015

Favor concedido: “Otto ladrón, vete a prisión”. Esta era una de las consignas voceada por miles de guatemaltecos a lo largo de meses. Otto Pérez Molina, general en retiro, llegó por cuatro años a la presidencia de Guatemala, en 2012, con la popular promesa de “mano dura” contra la delincuencia. En cambio, se convirtió en el primer mandatario desaforado en la historia del país y está tras las rejas, desde el 3 de septiembre, a la espera de ser juzgado. Su caída, a raíz de una investigación, por corrupción es insólita para el conjunto de América Latina. La apropiación de recursos por parte de autoridades es tan frecuente como el encubrimiento de estos delitos. Los guatemaltecos llaman “amparitis” al sin fin de recursos legales interpuestos para que los acusados, ya sea por violaciones a los derechos humanos así como fraudes al estado, permanezcan en la impunidad.

En el caso de Pérez Molina el escándalo que lo tumbó del sillón presidencial es conocido como “la línea”, en alusión a la línea telefónica que permitía evadir pagos de aduana. Los empresarios llamaban a un número convenido y negociaban sobornos que les garantizaban exenciones. Ello se realizaba con la venia del primer mandatario y su vice presidenta Roxana Baldetti que ya está en prisión. El gobierno de Pérez Molina tiene además otras acusaciones de corrupción, entre ellas la sobrefacturación de 15 millones de dólares en la compra de medicamentos por el Seguro Social.

El depuesto presidente, como suele ser el caso, niega todos los cargos en su contra. Pero sus acusadores, la Fiscalía Especial contra la Inmunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por Naciones Unidas, investigaron desde mayo de 2014 las denuncias de que un grupo de importadores,  con la complicidad de los funcionarios de aduanas, burlaban al fisco adulterando la documentación  para que los contenedores ingresaran al país, pagando menos de lo que correspondía.  Durante ocho meses, la Fiscalía y la CICIG grabaron más de 66.000 conversaciones telefónicas entre los involucrados en la trama, y más de 6.000 comunicaciones electrónicas, entre otras pruebas en las que basan la demanda.

Las denuncias colmaron la paciencia ciudadana. A lo largo de meses, en especial los días sábado, realizaron multitudinarias manifestaciones en diversas ciudades del país. Rigoberta Menchú, líder indígena y Premio Nobel de la Paz, señaló que las movilizaciones contra la corrupción fueron: “Un gran despertar de la población, es un despertar consciente, pero también es un ejemplo cívico. A mí me impresiona la integración de las marchas, pacíficas y multisectoriales”.

La guerra sucia

Pérez Molina fue jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Ramiro de León Carpio (1993-1996), así como jefe de la temida Dirección de Inteligencia Militar. Ambas unidades castrenses, según organizaciones de derechos humanos, fueron las responsables de miles de asesinatos y desapariciones de opositores durante los 36 años de la guerra interna que padeció el país. Finalmente, en representación del Ejército, Pérez Molina negoció y firmó los acuerdos de paz con la antigua guerrilla izquierdista en diciembre de 1996, poniendo fin al conflicto armado interno que dejó 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos, según cifras oficiales. La mayoría asesinados fueron ultimados en operaciones militares abiertas o clandestinas junto a organizaciones paramilitares. Guatemala prefiguró la aplicación masiva del terror de estado que más tarde fue empleado por las dictaduras militares del Cono Sur. Una comisión que investigó la guerra interna determinó que el 90 por ciento de las masacres en poblados indígenas fueron obra del Ejército de Guatemala. Aunque Pérez Molina estuvo en unas de las regiones más conflictivas del país, el área Ixil, en el noroeste de Guatemala, su participación en crímenes de guerra no fue probada ante los tribunales, pese a las abundantes denuncias en su contra.

El ex Presidente Efraín Rios Montt (1982-83) fue condenado a prisión como uno de los responsables del genocidio contra los pueblos indígenas. El puso en marcha el llamado el Plan Victoria ’82 que llevó el terror institucionalizado a niveles superiores. La población rural fue agrupada en Patrullas de Autodefensa Civil, destacamentos paramilitares armados con escopetas y machetes, que tenían la obligación de vigilar y efectuar reconocimientos para el ejército. El trato con las aldeas renuentes fue draconiano. El 22 de diciembre de 1982 tropas del ejército obligaron a todos los hombres del poblado de Chiul, en el departamento de Quiché, a marchar a la vecina aldea de Parraxut. Una vez allí se ordenó a las patrullas que separaran a los hombres de las mujeres y que encerraran a los niños en la escuela. Después se les conminó a que fusilaran a todos los hombres. Varios “patrulleros” se negaron y fueron acribillados por las tropas que los rodeaban. Los sobrevivientes cumplieron la orden. Acto seguido, los soldados violaron a cada una de las mujeres; las que se resistieron fueron asesinadas allí mismo. Más tarde los soldados fusilaron a las sobrevivientes. Todos los adultos de Chiul, unas 350 personas, fueron asesinados por sus vecinos de Parraxut. El ejército se retiró de la zona y divulgó lo acontecido en otras aldeas. Quince mil guatemaltecos habían sido exterminados cuando, en 1983, concluyó la campaña. 30 años más tarde Rios Montt fue juzgado y declarado culpable de genocidio y condenado a 80 años de prisión. Pero solo días más tarde la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad luego que Pérez Molina y el principal gremio patronal, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras(CACIF), cuestionaron el fallo. Pérez Molina, que sirvió bajo las órdenes de Rios Montt, negó los crímenes imputados a su antiguo superior así como ocultó los suyos. Por vicios procesales, la “amparitis”, se determinó que era necesario realizar un nuevo y largo juicio contra el octogenario general: todo a foja cero. Un procedimiento muy manido.

Pobreza y discriminación.

En México hay un decir que cuando las cosas van mal se va de “Guatemala a Guatepeor”. La situación del país más populoso de Centroamérica, con casi 16 millones de habitantes, es penosa: la mitad de la población es rural y de ella 70 por ciento es pobre. Entre ellos destacan los indígenas que suman 40 por ciento de la población total y 90 por ciento de ellos viven bajo la línea de pobreza. Es el país de menor inclusión en América Latina, la inequidad en las distribución de la riqueza es absoluta. En el 2002 10 por ciento más rico acaparaba 42 por ciento de los ingresos en tanto que el 10 por ciento más pobre apenas tocaba 1,4 por ciento. Desde entonces las cosas han empeorado pues ahora el decil más rico dispone del 47 por ciento y el más pobre apenas el 1 por ciento. Por añadidura es uno de los países más inseguros del mundo con 34 homicidios por cada cien mil habitantes (Chile 4,6). El 76 por ciento de la población encuestada señala no tener ninguna confianza en la policía.

Este estado de cosas ha llevado a sectores de la clase media guatemalteca a la conclusión que el país está destinado a un recurrente ciclo de violencia de no alterar el cuadro social. El robo de ingresos fiscales asignados al gasto público indignó al conjunto del espectro político. Como lo señala Joaquín Villalobos, que fue guerrillero en El Salvador y hoy se desempeña como consultor internacional, Guatemala “es el país de más baja recaudación fiscal de Latinoamérica y posee un empresariado que se ha resistido ferozmente a cualquier reforma tributaria, lo cual ha generado un Estado estructuralmente débil. Esto y la inexistencia de un sistema político de competencia ha favorecido el crecimiento exponencial de la corrupción y del crimen”.  Respecto al financiamiento de las campañas políticas Villalobos da cuenta que según: “ Una investigación de la CICIG, las campañas se han financiado con un 50 por ciento de apoyo de los empresarios, un 25 por ciento de contratistas corruptos que aspiran a lograr obras del Gobierno y un 25 por ciento de caudillos locales que pertenecen al crimen organizado”.

A la revuelta cívica protagonizada por decenas de millares de ciudadanos se sumaron otros actores. La Iglesia Católica por boca del arzobispo de la Archidiócesis de Guatemala, Óscar Julio Vián Morales, respaldó las peticiones de dimisión. Por su parte el empresariado a través del CACIF terminó apoyando el cambio. Finalmente, el propio ejército que lo respaldó hasta los últimos días optó por el silencio ante el desgaste que le ocasionaban las denuncias contra el gobernante. Estados Unidos también tuvo una mano en el desenlace. A medida que Pérez Molina captó el peligro que representaban las investigaciones de la CICIG buscó interrumpirlas. En ese punto Washington hizo saber que su apoyo a la “Alianza para la Prosperidad”, un proyecto destinado a atraer ayuda e inversiones estadounidenses, quedaría condicionado a la continuidad de la CICIG. El propósito de la iniciativa es frenar la corriente migratoria. Cerca del 9 por ciento de la población de Guatemala, El Salvador y Honduras ha abandonado sus países, unas cien mil personas al año. Fuentes diplomáticas indicaron que el gobierno del Presidente Barack Obama temía que el descontrol de las aduanas y la policía planteaba una amenaza. Ello en la medida que estas instituciones son determinantes en la lucha contra el narcotráfico así como en el control de las migraciones. En Washington un vocero del Departamento del Estado declaró que Estados Unidos “ha animado al gobierno de Guatemala y a la CICIG a identificar y perseguir la corrupción”.

Elecciones

En medio del torbellino político el país siguió adelante con el proceso electoral. El 6 de septiembre tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. A lo largo de toda la campaña el claro favorito fue el empresario Manuel Baldazón que mantenía una estrecha relación política con Pérez Molina. Las urnas lo relegaron al tercer lugar excluyéndolo del balotaje.

El primer lugar correspondió a Jimmy Morales candidato Frente de Convergencia Nacional. Su lema electoral no era propositivo pero caló entre los votantes: “Ni corrupto, ni ladrón”. Un comediante de televisión sin experiencia política, con buenas relaciones con los militares, lanzó su campaña sin mayores ilusiones como el emblema de la anti política. Uno de sus atractivos electorales es su fe evangélica pues Guatemala tiene la más alta proporción de esta corriente en la región.

Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, logró el segundo lugar por muy estrecho margen sobre Baldazón. No ha desempeñado cargos electos. Pero si estuvo muy cerca del poder en su condición de ex primera dama junto al Presidente Álvaro Colom (2008-12). Entonces ejerció como coordinadora del Consejo de Cohesión Social, un ente encargado de  programas sociales que proporcionó alimentos a miles de campesinos. De orientación socialdemócrata es partidaria de una mayor inversión en educación y programas de bienestar. El pleito entre ambos candidatos será dirimido en los comicios del 25 de octubre. La vencedora o el vencedor, en todo caso, enfrentará a una ciudadanía diferente a la que conocieron cuando proclamaron sus campañas.

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