Militares y las batallas pérdidas contra el narcotráfico.

 

La tentación de involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico es recurrente. En diversos momentos,  en distintos países latinoamericanos, las fuerzas armadas han participado  en operaciones antinarcóticos. Los resultados en México, Brasil  o Colombia, por destacar los más prominentes, han sido   entre decepcionantes y  desastrosos.

El primer paso para determinar una estrategia ante una amenaza es definirla con claridad. Muchos, erróneamente, creen que el combate contra el crimen organizado y  los narcotraficantes equivale a una “guerra”. El Presidente estadounidense Richard Nixon, en 1969, proclamó “la guerra contra las drogas”. Dos décadas más tarde, en 1989, George Bush subió la apuesta y prometió llevar la  guerra “casa a casa y calle a calle. A juzgar por los resultados las autoridades perdieron. El   combate contra las drogas sigue con triste vigencia en Estados Unidos donde, más allá de la retórica, los militares no se involucraron en la lucha doméstica contra el narcotráfico.

Suena bien ante la opinión pública cuando un mandatario habla duro, con toques belicistas, contra la lacra del crimen organizado.  “Son enemigos que hay que combatirlos sin tregua, sin darles ventajas y utilizando  todos los instrumentos a nuestra disposición” estas son palabras del Presidente Sebastián   Piñera al anunciar un decreto que habilita a las fuerzas armadas a realizar ciertas labores logísticas, inteligencia e incluso detenciones en la frontera norte del país.

La experiencia de otros países aconseja cautela. En México los militares ingresaron de lleno a la lucha contra los carteles bajo en el gobierno del Presidente Felipe Calderón  (2006-2012), una “guerra” que a nuestros días deja un saldo de 150 mil muertes. En Colombia se tildó a las FARC de ser una narco guerrilla. También era posible hablar de narco militares pues grandes regiones estuvieron dominadas por la asociación de paramilitares y uniformados que controlaban el tráfico de estupefacientes. En Brasil la intervención militar en populosos barrios ha tenido poco impacto en las operaciones de los carteles.

El arma más potente de los narcotraficantes es la corrupción y para ello cuentan con recursos. Involucrar a las fuerzas armadas, aún en tareas secundarias, es exponerlas a la infiltración por parte de elementos criminales. Si como en México o Colombia ganan pie en su seno hacen aún más difícil  el combate a un problema complejo de múltiples aristas. En Chile el narcotráfico permanece en el ámbito delictual y debe ser confrontado por las policías con todo el respaldo posible de la ciudadanía.

Hay un viejo chiste:

Un joven oficial es enviado a la frontera a combatir el tráfico de drogas.

Al mes manda un mensaje: Narcos me ofrecieron diez mil dólares por hacer la vista gorda, los corrí a balazos.

Al mes siguiente comunica: Me ofertaron cien mil dólares y otra vez los repelí.

Al tercer mes señala: No hay problemas, todo está tranquilo.

 

 

El atentado contra Maduro.

 

“Le vi la cara a la muerte y le dije: Vete, no me ha llegado la hora, vete de aquí muerte lo que tiene que venir aquí es la vida”. Así  describió el Presidente Nicolás Maduro lo que pensó durante el atentado contra su vida, ocurrido  el pasado sábado 4 de agosto.  El incidente ha puesto de relieve, una vez más, la absoluta polarización política entre los venezolanos.

El gobierno señaló que un par de drones cargados con explosivos intentaron alcanzar el podio presidencial para acabar con la vida del primer mandatario.  Hay una grabación de uno de los drones que estalla en el aire  sobre las tropas de la Guardia Nacional Bolivariana que celebraban su aniversario. Al escuchar una detonación soldados y civiles corren en busca de refugio. Este es el primer caso conocido en que se emplean drones para perpetrar un magnicidio. Apenas un par de horas más tarde Maduro denunció a  elementos de extrema derecha venezolanos coludidos con sicarios colombianos. Más drástica aún fue la acusación que el Presidente colombiano Juan Manuel Santos era parte de la conspiración.

En lo que toca a la oposición y numerosos usuarios de redes sociales la reacción fue mixta. Algunos señalaban que de ser cierto el atentado era una demostración de la fragilidad del régimen. La mayoría, sin embargo, postuló que era un auto atentado destinado a justificar la represión. La incredulidad opositora, que se apresuró en reafirmar su vocación de luchar por medios pacíficos, recuerda  lo ocurrido con las granadas lanzadas desde un helicóptero por el capitán Óscar Pérez. El alzado oficial de policía ejecutó la acción el 27 de junio de 2017. Entonces el  hecho fue calificado por círculos opositores como un “show” atribuido al propio gobierno.  El 15 de enero de 2018 Pérez, que había permanecido en la clandestinidad,  fue abatido por fuerzas de seguridad.

Con los antecedentes públicos disponibles es imposible establecer con precisión lo ocurrido. Desde ya, en todo caso, la vigilancia sobre el vuelo de drones se redoblará en actos públicos en que participan altas autoridades. En la actualidad  existen dispositivos electrónicos  para impedir que estos aparatos ingresen a determinados perímetros.

Luego del seguimiento periodístico de muchos atentados es difícil encontrar ejemplos de intentos de un  magnicidio urdido por el propio blanco potencial. A ningún mandatario le interesa, ni aun para justificar la posterior represión,  señalar la viabilidad  de ataques  en su contra. Más bien aspiran a proclamar su invulnerabilidad.  El mero hecho que se atente contra la vida de un mandatario abre una interrogante sobre su continuidad en el poder.  Ello porque allí donde hay individuos dispuestos a dar sus vidas para cambiar un régimen está el germen de una  resistencia armada. Así, aunque el atentado fracase siempre tiene un potente valor simbólico.

Lo único que podrá establecer que ocurrió serán pruebas físicas irrefutables.   Pero aun así, si semejante evidencia saliera a la luz, dada la división enconada siempre habrá  más de una versión de lo ocurrido. En definitiva, cada cual cree lo que quiere creer.

Homicidios en América Latina

Cada cuarto de hora  cuatro personas son asesinadas en América Latina. Ello representa un total de casi 400 individuos diarios. Hay un viejo decir  que la mitad de los latinoamericanos no come mientras la otra mitad no duerme. La desigualdad extrema lleva a los hambrientos a tratar de arrebatar algo a los que tienen, quitándoles el sueño y a veces la vida. Pese a que hay algo de cierto en la afirmación ella es inexacta, no solo en cuanto a las proporciones, sino que a las causas. Junto a la marginalidad las drogas influyen de manera decisiva en la brutal tasa de homicidio que la convierte en la región más peligrosa del mundo. Latinoamérica alberga a ocho por ciento de la población pero en ella tiene lugar un tercio de los homicidios. Mientras en otras regiones baja la tasa de homicidio en América Latina sigue al alza.

México, se encamina a un nuevo record pues 21.800 personas fueron asesinadas hasta septiembre de este año. El Presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en el 2006. Lo hizo comprometiendo a fondo a las fuerzas armadas y los resultados son desastrosos: más de 200 mil personas han perdido la vida en enfrentamientos, arreglos de cuentas  y asesinatos. El  derramamiento de sangre ha sido en vano pues el país está lejos de superar el reto del narcotráfico. Asesinar en México lleva el riesgo de represalias de las bandas rivales o de las fuerzas uniformadas pero la justicia es una preocupación menor para los criminales. 92 por cientos de los asesinatos no encuentran un culpable en los tribunales.  Algunas estimaciones elevan el porcentaje a 99 si se consideran las muertes que no son denunciadas. Una notoria ausencia del Estado.

Venezuela, por su parte, registró 17.778 homicidios en 2015, la última vez que se entregaron cifras oficiales. Según cálculos del Observatorio Venezolano de  Violencia en  2016 los homicidios totalizaron 27.785 con 90 asesinados por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas a nivel mundial. Caracas fue proclamada la ciudad más violenta del mundo. En la clasificación de las urbes más peligrosa está escoltada por 25 ciudades  brasileñas que destacan entre las 50 con el mayor número de homicidios. En el triste listado de  la muerte también figura El Salvador, Honduras y Colombia.

Una de las razones de la tolerancia de las autoridades ante semejante epidemia de violencia es la extracción social de las víctimas. En su mayoría son jóvenes pobres, a menudo desempleados, entre 15 y6 29 años. La pasividad del poder está reflejada en la bajísima tasa de condenas a los homicidas, la impunidad es la tónica. Solo  cuando la violencia traspasa la barrera de los marginales, lucha  entre carteles o maras, los gobiernos asumen una postura más severa.

El país más seguro de América Latina es… si, acertó, Chile que según el Homicide Monitor, registró  495 asesinatos en 2016 lo que da una tasa de 2,7 homicidios por cada 100 mil chilenos. Para mantener y reducir este nivel es necesario perseverar en una estricta política de erradicación de las armas de fuego. Las encuestas señalaban que la mayoría de los latinoamericanos siente temor e inseguridad. La tenencia de armas no solo no mejora las cosas sino que la agrava.

La larga marcha de las Farc

La    plaza Bolivar de Bogotá es el corazón del pode político colombiano. En ella convergen  el palacio presidencial de Nariño, el Congreso y la Corte Suprema. .Este fue el lugar escogido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)  para proclamar su conversión de la lucha armada a la brega política. A partir del 1 de septiembre ya eran la Fuerza  Revoluciuonaria Alternativa del Común (Farc). Entre los asistentes se  contaban millares de ex guerrilleros venidos tras años declandestinidad y combates en remotos rincones del país. Las emociones eran visibles, Abrazos, rosas rojas enarboladas como símbolo de una nueva era, lagrimas por el fin de una guerra semicentenaria y por los  ya no vivían para compartir el histórico momento que apenas un par de años antes no habrían osado imaginar. Pero tampoco era el triunfo con el que habían soñado: conquistar el poder.  Desde la tarima Rordrigo Londoño, mas concido por su alias Timochenko, reiteraba su compromiso “con la paz, la democracia y la justicia social” Llamaba a dejar atrás los odiois gnerados por décadas de luchas fraticidas. “queremos el perdón y la reconciliación de Colombia”  clamó Tomochenko que dijo a sus compatriotas: “Extendemos nuestras manos en señal de perdón y reconciliación”.

La Farc abandonó la lucha armada pero  no ha perdido su voluntad por gobernar el país. Proclaman que los ideales  de lograr una sociedad mas justa están intactos.. Pero el método es otro: han  cambiado  la bala por el voto.

El Papa dijo en febrero del año pasado que vendría a Colombia cuando la paz fuese una realidad. Por lo pronto el  gobierno promete asegurar la vida de los guerrilleros que entregaron sus armas,  A su vez los insurrectos han conformado  el nuevo partido político. En la superficie todo bien. Pero las heridas abiertas por mas de medio siglo no cicatrizan tan rápido.

Las desconfianzas y los fantasmas están presentes. Los guerrilleros recuerdan lla suerte corrida por la Unión Patriótica en un intento previo de participación política. Millares de militantes de la organización  fueron asesinados por agentes del estado y paramilitares que muchos  casos  eran una misma mano. Temen que el paramilitarismo está al acecho. Ya denuncian la muerte de decenas  de dirigentes sociales y activistas por los derechos humanos en lo que va corrido del año.

En la derecha colombiana no creen que la vieja Farc entregó todas sus armas.  Ni tampoco ha declarado todos sus haberes como fincas y emprendimientos comerciales. Sospechan que las disidencias que no se han sumado al proceso de paz actúan como una retaguardia  consentida por el ahora partido Farc.

Más allá de los resquemores inevitables tras una guerra, que dejó mas de doscientos mil muertes y  millones de desplazados, el grueso de los colombianos  confía que el país cierra un capítulo amargo. Durante las últimas décadas las  Farc figuraron en el centro del quehacer político del país. Ahora está por ver cuánto gravitan sus propuestas

Tras el congreso realizado antes de la proclamación, en  el que participaron más de mil ex guerrilleros, se aprecian cambios. Como un movimiento de mayoría campesina la tenencia de la tierra y la necesidad de una reforma agraria figura alto entre los objetivos. Pero las propuestas para el resto de la sociedad no difieren mucho de las izquierdas de América Latina. El programa  socialista de la Farc  no cuestiona la propiedad privada y ve con buenos ojos una economía mixta. En lo que todos coinciden es en que los niveles de desigualdad actuales son inaceptables- La incógnita es si lograrán por la vía de los votos lo que no consiguieron con los fusiles. Las decenas de miles de militantes que por primera vez congregados a la luz pública, en la Plaza Bolivar  en el corazón de Bogotá, agitaban rosas rojas con la esperanza de llegar a las mentes y corazones de sus compatriotas. La dirigencia de la Farc sabe que sus limitaciones no fueron militares. Su dificultad mayor fue no conquistar el apoyo de las mayorías.

 

 

 

 

 

El limbo colombiano

La paradoja colombiana es que todos, sin excepción, se declaran partidarios de la paz. Una facción de los colombianos estimó, sin embargo, que los términos del Acuerdo de paz,  labrado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a lo largo de cuatro años,  ofrecía demasiados beneficios a los guerrilleros. El tema fue sometido a la ciudadanía y solo 38 por ciento del universo electoral asistió a las urnas. Los partidarios del No, contrarios al acuerdo, vencieron por un estrecho margen de  55.737 votos de casi 13 millones de sufragios depositados.  En definitiva el  19 por ciento del electorado, que representa a los sectores más conservadores, echó por tierra una paz que aparecía al alcance de la mano.

El problema con los plebiscitos es que a menudo los votantes no responden a la pregunta que se les formula.  Dada la impopularidad del Presidente  Juan Manuel Santos sus detractores buscaron convertir el plebiscito en lo que algunos llamaron un  ‘plebisantos’.  En Colombia los partidarios del No, encabezados por el ex Presidente Álvaro Uribe,  movilizaron con éxito a terratenientes opuestos a una reforma agraria y sumaron a los poderosos movimientos religiosos de derecha, tanto católicos como evangélicos. En su narrativa Uribe postuló que el Acuerdo traería “más impuestos,  expropiaciones de tierras, gasto público ineficiente, policía política al estilo castrista, un  deterioro de la economía y el agravamiento  de la crisis social, lo cual le permitiría la toma del poder para implantar definitivamente el fracasado Socialismo Siglo XXI, al estilo de la hermana Venezuela. Las Farc lo confiesan sin reservas”.

Así la consulta versó tanto sobre el futuro político de la sociedad colombiana como sobre el Acuerdo con las Farc. Frente a los insurgentes Uribe y una facción significativa de las fuerzas armadas son partidarios de infligirles  una derrota militar  definitiva. El punto  más debatido del acuerdo de paz es lo que se ha llamado la justicia transicional. En concreto los líderes guerrilleros, luego de admitir sus crímenes, cumplirían penas no superiores a ocho años en granjas abiertas. Uribe y sus partidarios lo consideran inaceptable. Pero cabe preguntarse si los jefes guerrilleros aceptarán un acuerdo que los condene a 30 años de prisión. A fin de cuenta disponen de una tropa aguerrida de seis mil efectivos. La Farc no puede derrotar a las fuerzas armadas nacionales. Pero si puede causarles daño y desangrar la economía nacional. Su mera existencia es un desincentivo a las inversiones en vastas zonas del país.

Durante décadas, de una forma u otra, la política colombiana ha girado en cómo concluir la guerra. Se han realizado una serie de negociaciones fallidas. A comienzos de los 80 la Farc creó un partido político, llamado la Unión Patriótica, que no prosperó pues más de dos mil de sus militantes  fueron asesinados.

El premio Nobel de la Paz otorgado al  Presidente Santos es un aliciente a los partidarios de concluir la guerra. Es llamativo, sin embargo,  el quiebre del acostumbrado principio de galardonar a las partes firmantes. En el caso de sudafricano Mandela y de Klerk, por parte del régimen del apartheid, compartieron el  prestigioso reconocimiento. Para bailar tango se necesitan dos, dice el refrán. Sobre la base de esta tradición las Farc también eran merecedoras del premio. A fin de cuentas sin ellas no habría un  Acuerdo de Paz. En todo caso hoy lo único cierto sobre el futuro del conflicto en Colombia es la incertidumbre

Termina la guerra más larga de Latinoamérica

Ya se ha dicho que es más fácil iniciar una guerra que terminarla. El acierto es ratificado tras más de medio siglo de lucha entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado. El Presidente Juan Manuel Santos no exageró  al sentenciar que: “Hoy comienza el fin del sufrimiento”. El mandatario abundó que se tenía “un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC”.

El 24 de agosto quedará en los anales históricos como el día en que concluyeron formalmente las hostilidades entre ambos bandos. Por Bogotá pasaron siete gobiernos. Algunos intentaron y fracasaron en sus intentos por desmovilizar a una guerrilla que fue una protagonista central de la vida política del país. La lucha fratricida dejó 220 mil muertos a lo largo de 52 años.

Tras cuatro laboriosos años de negociaciones en La Habana se concluyó que las FARC entregarán sus armas a Naciones Unidas en un plazo de seis meses. Uno de los temas más complejos es el de la llamada Justicia Especial para la Paz. Los que sean sancionados sufrirán restricciones a su libertad. Las condenas serán servidas en campos de detención especiales. Este punto de los acuerdos es el que suscita mayor rechazo. El ex Presidente Álvaro Uribe encabeza a los partidarios de rechazar el acuerdo.   En un plano más favorable a las FARC el gobierno asumió el compromiso de realizar inversiones sustantivas en regiones rurales. El objetivo es superar la pobreza y la violencia que ha sufrido el campesinado y asegurar que los cinco millones de  desplazados puedan volver a sus hogares.

Una vez que los guerrilleros hayan abandonado sus uniformes y constituyan un partido político tendrán asegurada una representación parlamentaria, por dos períodos,  a través de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara. La lucha política y parlamentaria es un escenario muy diferente al que están acostumbrados los guerreros de selvas y remotas montañas. El mayor reto será preservar su unidad de propósitos y eludir los atentados contra sus vidas. Esto porque en esfuerzos de integración anteriores los guerrilleros desmovilizados fueron diezmados. En esta oportunidad han pedido la protección activa de su gran enemigo: las fuerzas armadas. El camino no está recorrido hasta que se da el último paso. Pese a los formidables avances logrados todavía se vislumbran nubarrones. Está pendiente una gran conferencia de las FARC que debe ratificar el acuerdo. Otra interrogante es cuál será el resultado del plebiscito que consultará a la ciudadanía si están a favor o en contra del acuerdo.

Entre el Sí y el No.

Los colombianos tendrán, como corresponde, la última palabra sobre el acuerdo de paz. La papeleta del plebiscito, que se realizará el 2 de octubre, tendrá dos opciones. Sí para la aceptación del acuerdo suscrito por la FARC y el gobierno. Un No indicará el rechazo. La última encuesta realizada para el periódico El Tiempo y La W Radio es estrecho: 32,1 por ciento de los encuestados está a favor del Sí contra 29,9 que prefiere el No, con un alto porcentaje de abstenciones.

 

 

Colombia: adiós a las armas

Es más fácil iniciar una guerra que terminarla. Especialmente en Colombia donde el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han librado una lucha fratricida por más de medio siglo. Décadas de violencia que dejan 220.000 muertes, de las cuales 80 por ciento corresponden a civiles. Ahora, en un acto en La Habana, las partes beligerantes han anunciado “el cese bilateral  y definitivo del conflicto armado”. Si se cumple lo pactado marcaría el fin de una insurgencia que parecía eternizarse.

Es la culminación de largo proceso negociador en que se ha acordado la devolución de tierras a los campesinos desplazados por la lucha. El país llevará adelante una reforma agraria que ha sido una de las reivindicaciones centrales de los insurgentes. Han acordado enfrentar el narcotráfico y reemplazar los cultivos de drogas. Asimismo han esbozado planes para la reincorporación de los guerrilleros a la vida política. Finalmente, uno de los puntos  más delicados,  en toda guerra,  es el de la justicia y la entrega de armas por parte de los irregulares. Este es el momento de mayor peligro y vulnerabilidad para quienes buscan dejar el monte y reinsertarse en la sociedad. La historia de las guerrillas latinoamericanas está jalonada de transiciones frustradas. Desde Emiliano Zapata pasando por Augusto Cesar Sandino a las propias FARC. Una vez desarmados los insurgentes son asesinados por agentes del Estado o paramilitares. De allí que serán claves las garantías de seguridad para los excombatientes.

A la firma del cese del fuego definitivo se le ha querido dar la mayor solemnidad. De allí la presencia de presidentes y representantes de Estados Unidos y la Unión Europea. El viaje de la Presidenta Michelle Bachelet es un reconocimiento al positivo papel de Chile durante las negociaciones, a través del embajador Luis Maira y el ex subsecretario de aviación Raúl Vergara.

En todo caso los protocolos deben ratificarlos los colombianos en un plebiscito previsto para el segundo semestre. El Presidente Juan Manuel Santos enfrenta la oposición del ex Presidente Álvaro Uribe que llama a la “resistencia civil” contra una amnistía a los ex guerrilleros y su aceptación en la política nacional. En las filas uribistas denuncian que el proceso de paz abre las puertas al “castro-chavismo”. Santos, por su parte, afirmó que si no se ratifican los acuerdos  “regresaría la guerra y podría llegar a las ciudades”. El Presidente busca evitar el calificativo de la “paz de Santos” con la que el uribismo pretende politizar la campaña plebiscitaria.

Qué piensan los colombianos.

Según las encuestas la intención de voto en un eventual plebiscito muestra que la aprobación es mayoritaria. La encuestadora Opinómetro señala un 57,2 por ciento a favor y  33,2 en contra. De acuerdo con Gallup, 66 por el sí versus 24 por él no. Pero, claro, mucho dependerá de lo que ocurra en los meses venideros pues no faltan los interesados en descarrilar el proceso.

Las tropas fantasmas

Un negocio muy rentable: cobrar sueldos y mantención por tropas inexistentes.  Haider al-Abadi , el Primer Ministro iraquí,  viene de denunciar ante el parlamento que en su país hay al menos 50.000  soldados inexistentes, por los que otros perciben sus ingresos. La paga  promedio del soldado iraquí es de 600 dólares. De manera que el monto del fraude es del orden de los 350 millones de dólares. Bueno, si esa es la cifra real  de los muertos, desertores y quienes se han ido a casa pero que permanecen en las nominas de pago. El diputado Hamid al-Mutlaq, miembro de la comisión de Seguridad y Defensa, cree que, en realidad,  la cifra podría alcanzar al triple. Vale decir 150.000  uniformados fantasmas.  Si este fuera el caso explicaría la facilidad con que los yihadistas del ISIS han ocupado un tercio del país en cuestión de pocos meses. A fin de cuentas en el papel el ejército iraquí dispone de 270.000 efectivos. Ahora, claro, nadie osaría decir cuál es la cifra exacta en estos días.  Pero cualquiera sea el monto del fraude ha quedado al descubierto la magnitud de la corrupción militar iraquí. Es una gran trenza que involucra desde generales a cabos.

En Irak el escándalo ha quedado al descubierto por la reciente debacle militar sufrida ante los fundamentalistas islámicos. En América Latina también se han detectado soldados fantasmas. Ocurrió en la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969. Fue el primer conflicto bélico  en el hemisferio desde la Segunda Guerra Mundial. El choque entre ambas naciones centroamericanas es  recordado como la “guerra del fútbol”,  pues las fricciones entre ambos países aumentaron durante los partidos para clasificar al mundial de 1970. El hecho es que tropas salvadoreñas atacaron a Honduras en varios frentes. En uno de los enfrentamientos quedó al descubierto que la guarnición hondureña de Santa Rosa de Copán, que en teoría disponía de un millar de efectivos, en realidad apenas contaba con 463. La dotación restante no pasaba de ser una ficción administrativa que permitía a los comandantes y algunos de sus oficiales cobrar un presupuesto por mil sueldos y bocas.

Las guerras desnudan los fraudes realizados en los cuárteles y que son difíciles de detectar en tiempos de paz. Proverbiales son los estallidos de arsenales. Es cierto que contienen elementos altamente explosivos pero en muchos casos se ha constatado que son deliberados. El propósito ese blanquear ventas en el mercado negro o bien ocultar compras  de armas inferiores a las declaradas.

Mucho peor, en todo caso, es lo ocurrido con los llamados “falsos positivos” en Colombia  donde militares cobraban por  matar a inocentes para ganar premios. Es lo que ha pasado en Colombia en la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un positivo, en la jerga castrense,  es dar muerte a un insurgente.  Pero si es un civil cualquiera se configura un falso positivo. Mandos castrenses  colombianos   estimularon crímenes de inocentes para hacerlos pasar por positivos. A cambio los asesinos uniformados recibían semanas de vacaciones y remuneraciones del orden de los dos mil dólares. La  Procuraduría  ha investigado  por presuntas ejecuciones extrajudiciales a 2.742 miembros del Ejército.

Colombia; Santos en la corte

Chile y Perú a la espera del fallo de La Haya.

¿Hay algo que el ex Presidente peruano Alan García sabe y le permite llamar a embanderar Lima? La sospecha, como es natural, es que se filtró información sobre el inminente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Frente a esta especulación la línea oficial de los gobiernos de Santiago y Lima es que nada se sabe, ni se sabrá, hasta el lunes de 27 a las 11 AM. Entonces el máximo tribunal intencional, ante el cual no hay apelación, dictaminará que territorios marinos quedarán en manos de Chile o Perú.
Conforme se acerca el día y la hora crece la tensión y, cómo no, aumentan los rumores. Si de precedentes se trata el más cercano es la disputa dirimida por la CIJ entre Colombia y Nicaragua. En dicho caso el secreto fue total. A tal punto que Bogotá recibió el fallo como un balde de agua fría y el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos fue tomado por sorpresa. El veredicto le significó una caída en picada de su popularidad perdiendo decenas de puntos en las encuestas. Esta experiencia habría llevado, según lo señala un alto diplomático de la Academia Andrés Bello de la cancillería chilena, a la CIJ a considerar la conveniencia de emitir algunas señales anticipadas. Así habrían trascendido algunas líneas gruesas del fallo aunque sin precisar los detalles. Sobre esta información descansaría el triunfalismo de García. Para un político con ambiciones de volver a la presidencia, y que llevó a Chile ante La Haya, sería un error costosísimo elevar las expectativas para concluir en un fallo negativo.
En el caso de Chile la narrativa del gobierno llama a la prudencia. Más aún se resta importancia y relativiza la importancia de los territorios marítimos en disputa. No se puede escapar a la conclusión de que el gobierno del Presidente Sebastían Piñera prepara al país para un resultado ingrato. Ello explica que la cancillería ni siquiera hable de pesca sino que apenas de la anchoveta destinada a la harina y aceite de pescado. Es revelador que el canciller Alfredo Moreno enseñe transparencias y entre a detallar donde se sitúan los mejores sitios de pesca. Ellos están cerca de la costa, el 84 por ciento de las capturas se obtienen en las primeras 20 millas. A esa distancia la profundidad del Océano aumenta en forma drástica y en consecuencia disminuye la pesca. Estas explicaciones tienen sentido si se piensa que Chile perderá una parte de lo que hasta ha constituido su Zona Económica Exclusiva. Y ello implica que la frontera ya no será, como ahora, determinada por una línea recta como un paralelo sino que será, como lo postula Lima, una línea bisectriz que se interna desde las costas peruanas hacia el sur. Lo que al parecer no está claro es desde donde partiría dicha línea. Ello podría ser desde el Hito 1, desde el punto 266, como lo reclama Perú, o desde mar afuera a 12 millas o más aún. En definitiva la CIJ es soberana y podrá fallar ajustada a la interpretación del derecho que a sus jueces le parezca pertinente.