La larga marcha de las Farc

La    plaza Bolivar de Bogotá es el corazón del pode político colombiano. En ella convergen  el palacio presidencial de Nariño, el Congreso y la Corte Suprema. .Este fue el lugar escogido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)  para proclamar su conversión de la lucha armada a la brega política. A partir del 1 de septiembre ya eran la Fuerza  Revoluciuonaria Alternativa del Común (Farc). Entre los asistentes se  contaban millares de ex guerrilleros venidos tras años declandestinidad y combates en remotos rincones del país. Las emociones eran visibles, Abrazos, rosas rojas enarboladas como símbolo de una nueva era, lagrimas por el fin de una guerra semicentenaria y por los  ya no vivían para compartir el histórico momento que apenas un par de años antes no habrían osado imaginar. Pero tampoco era el triunfo con el que habían soñado: conquistar el poder.  Desde la tarima Rordrigo Londoño, mas concido por su alias Timochenko, reiteraba su compromiso “con la paz, la democracia y la justicia social” Llamaba a dejar atrás los odiois gnerados por décadas de luchas fraticidas. “queremos el perdón y la reconciliación de Colombia”  clamó Tomochenko que dijo a sus compatriotas: “Extendemos nuestras manos en señal de perdón y reconciliación”.

La Farc abandonó la lucha armada pero  no ha perdido su voluntad por gobernar el país. Proclaman que los ideales  de lograr una sociedad mas justa están intactos.. Pero el método es otro: han  cambiado  la bala por el voto.

El Papa dijo en febrero del año pasado que vendría a Colombia cuando la paz fuese una realidad. Por lo pronto el  gobierno promete asegurar la vida de los guerrilleros que entregaron sus armas,  A su vez los insurrectos han conformado  el nuevo partido político. En la superficie todo bien. Pero las heridas abiertas por mas de medio siglo no cicatrizan tan rápido.

Las desconfianzas y los fantasmas están presentes. Los guerrilleros recuerdan lla suerte corrida por la Unión Patriótica en un intento previo de participación política. Millares de militantes de la organización  fueron asesinados por agentes del estado y paramilitares que muchos  casos  eran una misma mano. Temen que el paramilitarismo está al acecho. Ya denuncian la muerte de decenas  de dirigentes sociales y activistas por los derechos humanos en lo que va corrido del año.

En la derecha colombiana no creen que la vieja Farc entregó todas sus armas.  Ni tampoco ha declarado todos sus haberes como fincas y emprendimientos comerciales. Sospechan que las disidencias que no se han sumado al proceso de paz actúan como una retaguardia  consentida por el ahora partido Farc.

Más allá de los resquemores inevitables tras una guerra, que dejó mas de doscientos mil muertes y  millones de desplazados, el grueso de los colombianos  confía que el país cierra un capítulo amargo. Durante las últimas décadas las  Farc figuraron en el centro del quehacer político del país. Ahora está por ver cuánto gravitan sus propuestas

Tras el congreso realizado antes de la proclamación, en  el que participaron más de mil ex guerrilleros, se aprecian cambios. Como un movimiento de mayoría campesina la tenencia de la tierra y la necesidad de una reforma agraria figura alto entre los objetivos. Pero las propuestas para el resto de la sociedad no difieren mucho de las izquierdas de América Latina. El programa  socialista de la Farc  no cuestiona la propiedad privada y ve con buenos ojos una economía mixta. En lo que todos coinciden es en que los niveles de desigualdad actuales son inaceptables- La incógnita es si lograrán por la vía de los votos lo que no consiguieron con los fusiles. Las decenas de miles de militantes que por primera vez congregados a la luz pública, en la Plaza Bolivar  en el corazón de Bogotá, agitaban rosas rojas con la esperanza de llegar a las mentes y corazones de sus compatriotas. La dirigencia de la Farc sabe que sus limitaciones no fueron militares. Su dificultad mayor fue no conquistar el apoyo de las mayorías.

 

 

 

 

 

Adiós a las Farc

 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) dejaron de existir este  martes. En un acto entregaron a Naciones Unidas (ONU) las últimas armas individuales que mantenían en su poder. Jean Arnault, el jefe de misión de la ONU, redactó el informe final en que da cuenta que “Las Farc han cumplido”. La ceremonia de recepción de las armas comenzó  con la muy pertinente “canción para el perdón” interpretada por César López que, como acostumbra, utilizó su escopetarra, una guitarra hecha  a base de una escopeta.

Rodrigo Londoño,  alias Timochenko, el comandante supremo de la agrupación guerrillera, puntualizó  que: “Este día no termina la existencia de las Farc, en realidad a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter  legal y democrático”. El líder de los insurrectos aprovechó la ocasión para expresar su frustración: “Resulta lamentable que una parte de los guerrilleros permanezcan en prisión a seis meses de expedida una ley de indulto y amnistía que les garantizaba su libertad en diez días”. En tono de advertencia Londoño subrayó que los acuerdos “son sagrados y se firmaron para cumplirlos”. Concluyó saludando a más de medio siglo de conflicto con un “Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz”.

En los hechos subsiste un alto grado de incertidumbre sobre el destino que aguarda a los guerrilleros desmovilizados. Pese a que todos los colombianos se dicen partidarios de la paz existe una facción que estima, sin embargo, que los términos del Acuerdo de paz,  labrado entre el gobierno y las Farc a lo largo de cuatro años,  ofrece demasiados beneficios a los guerrilleros. El tema fue sometido a la ciudadanía y solo 38 por ciento del universo electoral asistió a las urnas. Los partidarios del No, contrarios al acuerdo, vencieron por un estrecho margen. En definitiva el  19 por ciento del electorado, que representa a los sectores más conservadores, repudió los términos. El desacuerdo fue superado a través  de una decisión parlamentaria.

Las fuerzas del No, encabezados por el ex Presidente Álvaro Uribe,  se oponen a una reforma agraria. En su narrativa Uribe postuló que el Acuerdo traería “más impuestos,  expropiaciones de tierras, gasto público ineficiente, un  deterioro de la economía y el agravamiento  de la crisis social, lo cual le permitiría  (a las Farc) la toma del poder para implantar definitivamente el fracasado Socialismo Siglo XXI”.

Las Farc no aspiran a tanto pero esperan lograr un protagonismo político similar al de los movimientos guerrilleros desmovilizados en El Salvador y Guatemala.  En todo caso este es uno de los momentos de mayor peligro para el proceso de paz.  Dejada las armas los ex combatientes son un blanco fácil para sus poderosos enemigos. Hay precedentes: en los años 80 las Farc  intentaron crear un movimiento político, la Unión Patriótica, pero miles de sus miembros fueron asesinados. Hoy la seguridad de los ya ex guerrilleros está en manos del Estado. La sociedad colombiana tiene la palabra.

 

Así no podemos seguir

Incendios masivos y de una destructividad inédita. ¿Crónica de una tragedia anunciada? Si, definitivamente. Año tras año se baten récores de temperatura. A ello se suma que el país ha vivido un ciclo de ocho años de sequía. Aumenta la ocupación de los territorios por parte de densas plantaciones forestales y frutales. El incremento de la explotación turística de vastas zonas territorios agrega riesgos adicionales a una situación ya delicada. La abrumadora mayoría de los incendios forestales, desde siempre, son ocasionados por personas. Así, numerosos  factores combinados dan lugar a la tormenta perfecta que hoy vive el país.

Hace algunos días visité Santa Olga. La destrucción era notable. También lo era el coraje de los moradores con los que hablé. Varios testimoniaron que hace un par de décadas sufrieron un feroz  incendio y que siempre vivieron con el temor que volverían a enfrentar las llamas. Eran conscientes que la localidad estaba cercada por los bosques. En la construcción del pueblo no se respetaron las distancias mínimas entre las viviendas. Una ausencia del más elemental ordenamiento urbano y territorial. Algo que golpea tras cada uno de los frecuentes desastres nacionales.

Las tragedias avasalladoras suelen despertar nuestros peores temores. Así ocurrió con el terremoto del 27 F del 2010. Entonces se habló del “sicoseo” para aludir a las imaginarias hordas de asaltantes que acechaban a diversas poblaciones. Ahora una encuesta señala que 86 por ciento de los consultados cree que los incendios son provocados por manos anónimas. En las redes sociales proliferan las explicaciones. Ciertos derechistas afirman que los causantes son mapuche aliados con colombianos pertenecientes a las FARC. Para grupos de izquierdistas se trata de  atentados   provocados por las empresas madereras interesadas en cobrar seguros. Para sectores religiosos es la obra de satanás. Estas teorías tienen algo en común: carecen de la más mínima evidencia factual. No hay un solo dato concreto que las sustente. Son, hasta el momento,  simples y gratuitas especulaciones. De los detenidos, bajo sospecha de causar los fuegos, no se aprecia conexión alguna que permita establecer una intencionalidad ulterior. Lo que aparecen son personajes desequilibrados y los consabidos pirómanos que siempre han existido.

La gran lección, una vez más, es que más vale prevenir que curar. El grueso de la inversión debe destinarse a la prevención de incendios y otros desastres. Un pilar clave en este esfuerzo es la participación de la comunidad. La ciudadanía es la más interesada en velar por sus bienes y  seguridad. Las comunidades deben participar en la definición del ordenamiento territorial.  En este caso dónde estarán los límites seguros de las plantaciones. Cual habrá de ser el diseño de sus poblados y hogares. A los vecinos organizados les corresponde un rol activo en detectar peligros potenciales. Deben contar con los mecanismos fluidos para cooperar con las autoridades.  Una alarma oportuna puede evitar enormes desastres.

 

 

 

 

El limbo colombiano

La paradoja colombiana es que todos, sin excepción, se declaran partidarios de la paz. Una facción de los colombianos estimó, sin embargo, que los términos del Acuerdo de paz,  labrado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a lo largo de cuatro años,  ofrecía demasiados beneficios a los guerrilleros. El tema fue sometido a la ciudadanía y solo 38 por ciento del universo electoral asistió a las urnas. Los partidarios del No, contrarios al acuerdo, vencieron por un estrecho margen de  55.737 votos de casi 13 millones de sufragios depositados.  En definitiva el  19 por ciento del electorado, que representa a los sectores más conservadores, echó por tierra una paz que aparecía al alcance de la mano.

El problema con los plebiscitos es que a menudo los votantes no responden a la pregunta que se les formula.  Dada la impopularidad del Presidente  Juan Manuel Santos sus detractores buscaron convertir el plebiscito en lo que algunos llamaron un  ‘plebisantos’.  En Colombia los partidarios del No, encabezados por el ex Presidente Álvaro Uribe,  movilizaron con éxito a terratenientes opuestos a una reforma agraria y sumaron a los poderosos movimientos religiosos de derecha, tanto católicos como evangélicos. En su narrativa Uribe postuló que el Acuerdo traería “más impuestos,  expropiaciones de tierras, gasto público ineficiente, policía política al estilo castrista, un  deterioro de la economía y el agravamiento  de la crisis social, lo cual le permitiría la toma del poder para implantar definitivamente el fracasado Socialismo Siglo XXI, al estilo de la hermana Venezuela. Las Farc lo confiesan sin reservas”.

Así la consulta versó tanto sobre el futuro político de la sociedad colombiana como sobre el Acuerdo con las Farc. Frente a los insurgentes Uribe y una facción significativa de las fuerzas armadas son partidarios de infligirles  una derrota militar  definitiva. El punto  más debatido del acuerdo de paz es lo que se ha llamado la justicia transicional. En concreto los líderes guerrilleros, luego de admitir sus crímenes, cumplirían penas no superiores a ocho años en granjas abiertas. Uribe y sus partidarios lo consideran inaceptable. Pero cabe preguntarse si los jefes guerrilleros aceptarán un acuerdo que los condene a 30 años de prisión. A fin de cuenta disponen de una tropa aguerrida de seis mil efectivos. La Farc no puede derrotar a las fuerzas armadas nacionales. Pero si puede causarles daño y desangrar la economía nacional. Su mera existencia es un desincentivo a las inversiones en vastas zonas del país.

Durante décadas, de una forma u otra, la política colombiana ha girado en cómo concluir la guerra. Se han realizado una serie de negociaciones fallidas. A comienzos de los 80 la Farc creó un partido político, llamado la Unión Patriótica, que no prosperó pues más de dos mil de sus militantes  fueron asesinados.

El premio Nobel de la Paz otorgado al  Presidente Santos es un aliciente a los partidarios de concluir la guerra. Es llamativo, sin embargo,  el quiebre del acostumbrado principio de galardonar a las partes firmantes. En el caso de sudafricano Mandela y de Klerk, por parte del régimen del apartheid, compartieron el  prestigioso reconocimiento. Para bailar tango se necesitan dos, dice el refrán. Sobre la base de esta tradición las Farc también eran merecedoras del premio. A fin de cuentas sin ellas no habría un  Acuerdo de Paz. En todo caso hoy lo único cierto sobre el futuro del conflicto en Colombia es la incertidumbre

Colombia: adiós a las armas

Es más fácil iniciar una guerra que terminarla. Especialmente en Colombia donde el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han librado una lucha fratricida por más de medio siglo. Décadas de violencia que dejan 220.000 muertes, de las cuales 80 por ciento corresponden a civiles. Ahora, en un acto en La Habana, las partes beligerantes han anunciado “el cese bilateral  y definitivo del conflicto armado”. Si se cumple lo pactado marcaría el fin de una insurgencia que parecía eternizarse.

Es la culminación de largo proceso negociador en que se ha acordado la devolución de tierras a los campesinos desplazados por la lucha. El país llevará adelante una reforma agraria que ha sido una de las reivindicaciones centrales de los insurgentes. Han acordado enfrentar el narcotráfico y reemplazar los cultivos de drogas. Asimismo han esbozado planes para la reincorporación de los guerrilleros a la vida política. Finalmente, uno de los puntos  más delicados,  en toda guerra,  es el de la justicia y la entrega de armas por parte de los irregulares. Este es el momento de mayor peligro y vulnerabilidad para quienes buscan dejar el monte y reinsertarse en la sociedad. La historia de las guerrillas latinoamericanas está jalonada de transiciones frustradas. Desde Emiliano Zapata pasando por Augusto Cesar Sandino a las propias FARC. Una vez desarmados los insurgentes son asesinados por agentes del Estado o paramilitares. De allí que serán claves las garantías de seguridad para los excombatientes.

A la firma del cese del fuego definitivo se le ha querido dar la mayor solemnidad. De allí la presencia de presidentes y representantes de Estados Unidos y la Unión Europea. El viaje de la Presidenta Michelle Bachelet es un reconocimiento al positivo papel de Chile durante las negociaciones, a través del embajador Luis Maira y el ex subsecretario de aviación Raúl Vergara.

En todo caso los protocolos deben ratificarlos los colombianos en un plebiscito previsto para el segundo semestre. El Presidente Juan Manuel Santos enfrenta la oposición del ex Presidente Álvaro Uribe que llama a la “resistencia civil” contra una amnistía a los ex guerrilleros y su aceptación en la política nacional. En las filas uribistas denuncian que el proceso de paz abre las puertas al “castro-chavismo”. Santos, por su parte, afirmó que si no se ratifican los acuerdos  “regresaría la guerra y podría llegar a las ciudades”. El Presidente busca evitar el calificativo de la “paz de Santos” con la que el uribismo pretende politizar la campaña plebiscitaria.

Qué piensan los colombianos.

Según las encuestas la intención de voto en un eventual plebiscito muestra que la aprobación es mayoritaria. La encuestadora Opinómetro señala un 57,2 por ciento a favor y  33,2 en contra. De acuerdo con Gallup, 66 por el sí versus 24 por él no. Pero, claro, mucho dependerá de lo que ocurra en los meses venideros pues no faltan los interesados en descarrilar el proceso.

Colombia: la hora crítica para la paz.

Hay dos formas de concluir una guerra. Una es la victoria de uno de los bandos. La otra es una negociación que puede tomar muchas formas. En el conflicto armado más largo en América Latina se optó por una laboriosa negociación. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) avistan el final de una lucha fratricida que se arrastra por más de medio siglo, y que deja un saldo de 220.000 muertes de las cuales 80 por ciento corresponden a civiles.

Las partes han acordado la devolución de tierras a los campesinos desplazados por las décadas de lucha. El país llevará adelante una reforma agraria que ha sido una de las reivindicaciones centrales de los insurgentes. Han acordado enfrentar el narcotráfico y reemplazar los cultivos de drogas. También han esbozado planes para la reincorporación de los guerrilleros a la vida política del país. Finalmente, el punto más delicado, en toda guerra es el de la justicia y la entrega de armas por parte de los irregulares. Este es el momento de mayor peligro y vulnerabilidad para quienes buscan dejar el monte y participar en las instituciones nacionales. La historia de las guerrillas latinoamericanas está jalonada de transiciones frustradas. Desde Emiliano Zapata pasando por Augusto Cesar Sandino a las propias FARC.

El Presidente Belisario Betancur promovió, en 1982, una apertura política que contemplaba una amnistía. La oferta fue bien acogida por las FARC y se esbozaron negociaciones que fueron muy resistidas por las fuerzas armadas. Pese a ello los insurgentes realizaron un esfuerzo de reinserción política a través de la creación de un brazo político, la Unión Patriótica (UP). El experimento fue un absoluto fracaso pues los militantes de la UP, que incluía a guerrilleros desmovilizados, fueron asesinados en forma masiva. Elementos paramilitares y no identificados, un eufemismo para aludir a militares y fuerzas del Estado, asesinaron a más de dos mil militantes de la UP.

Está por verse cómo funcionará esta vez el proceso de reincorporación. Las FARC disponen de un arsenal respetable y una vasta experiencia de combate. Todos los protagonistas saben que de no cumplirse los acuerdos podría emerger un bandidaje que ha estado presente a lo largo de la historia colombiana. En todo caso las negociaciones tienen fecha límite: el 23 de marzo del 2016. La última palabra sobre los acuerdo de paz, como corresponde, la tendrá el pueblo colombiano que deberá ratificarlos en un referéndum

La justicia transicional

Inspirados en varios ejemplos internacionales se ha elaborado una Jurisdicción Especial de Paz. Los crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos no serán abordados por los tribunales de la justicia ordinaria. Todos los imputados serán instados a confesar sus crímenes. Los que lo hagan recibirán penas entre 5 y 8 años. A los que habiéndoseles probado su culpabilidad pero persistan en negarla recibirán un máximo de 20 años. En el caso de las FARC las reclusiones serán cumplidas en granjas de trabajo.

Las tropas fantasmas

Un negocio muy rentable: cobrar sueldos y mantención por tropas inexistentes.  Haider al-Abadi , el Primer Ministro iraquí,  viene de denunciar ante el parlamento que en su país hay al menos 50.000  soldados inexistentes, por los que otros perciben sus ingresos. La paga  promedio del soldado iraquí es de 600 dólares. De manera que el monto del fraude es del orden de los 350 millones de dólares. Bueno, si esa es la cifra real  de los muertos, desertores y quienes se han ido a casa pero que permanecen en las nominas de pago. El diputado Hamid al-Mutlaq, miembro de la comisión de Seguridad y Defensa, cree que, en realidad,  la cifra podría alcanzar al triple. Vale decir 150.000  uniformados fantasmas.  Si este fuera el caso explicaría la facilidad con que los yihadistas del ISIS han ocupado un tercio del país en cuestión de pocos meses. A fin de cuentas en el papel el ejército iraquí dispone de 270.000 efectivos. Ahora, claro, nadie osaría decir cuál es la cifra exacta en estos días.  Pero cualquiera sea el monto del fraude ha quedado al descubierto la magnitud de la corrupción militar iraquí. Es una gran trenza que involucra desde generales a cabos.

En Irak el escándalo ha quedado al descubierto por la reciente debacle militar sufrida ante los fundamentalistas islámicos. En América Latina también se han detectado soldados fantasmas. Ocurrió en la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969. Fue el primer conflicto bélico  en el hemisferio desde la Segunda Guerra Mundial. El choque entre ambas naciones centroamericanas es  recordado como la “guerra del fútbol”,  pues las fricciones entre ambos países aumentaron durante los partidos para clasificar al mundial de 1970. El hecho es que tropas salvadoreñas atacaron a Honduras en varios frentes. En uno de los enfrentamientos quedó al descubierto que la guarnición hondureña de Santa Rosa de Copán, que en teoría disponía de un millar de efectivos, en realidad apenas contaba con 463. La dotación restante no pasaba de ser una ficción administrativa que permitía a los comandantes y algunos de sus oficiales cobrar un presupuesto por mil sueldos y bocas.

Las guerras desnudan los fraudes realizados en los cuárteles y que son difíciles de detectar en tiempos de paz. Proverbiales son los estallidos de arsenales. Es cierto que contienen elementos altamente explosivos pero en muchos casos se ha constatado que son deliberados. El propósito ese blanquear ventas en el mercado negro o bien ocultar compras  de armas inferiores a las declaradas.

Mucho peor, en todo caso, es lo ocurrido con los llamados “falsos positivos” en Colombia  donde militares cobraban por  matar a inocentes para ganar premios. Es lo que ha pasado en Colombia en la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Un positivo, en la jerga castrense,  es dar muerte a un insurgente.  Pero si es un civil cualquiera se configura un falso positivo. Mandos castrenses  colombianos   estimularon crímenes de inocentes para hacerlos pasar por positivos. A cambio los asesinos uniformados recibían semanas de vacaciones y remuneraciones del orden de los dos mil dólares. La  Procuraduría  ha investigado  por presuntas ejecuciones extrajudiciales a 2.742 miembros del Ejército.

Colombia; Santos en la corte

Las FARC y Bogotá cara a cara

La más antigua guerrilla latinoamericana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se sentó cara a cara con representantes del gobierno colombiano en la capital noruega. El propósito de la cita en Oslo es concluir un conflicto armado que se arrastra por más de medio siglo. La tarea que aguarda a ambos bandos es ardua y compleja.
A la cabeza de la agenda de negociación está, precisamente, la causa que gatilló el conflicto: las tierras. El Presidente Juan Manuel Santos ha señalado que llevará a cabo una reforma agraria y que restituirá tierras a cientos de miles de campesinos despojados a lo largo de la guerra. Las FARC, que ante todo son una guerrilla rural y que algunos califican como un movimiento de autodefensa campesino, postulan que los planes gubernamentales son insuficientes. Iván Márquez, cuyo nombre real es Luciano Marín, que encabeza la delegación de las FARC puntualizó sobre el tema: “El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación en Colombia…por eso la lucha por los territorios está en el centro de la lucha”.
Es claro que las negociaciones, que continuarán en La Habana, se harán con un intermitente intercambio de plomo. El gobierno habla de entrega de las armas guerrilleras mientras los irregulares dicen que solo están dispuestos a dejarlas. Esto quiere decir que dejarían de usarlas pero las mantendrían bajo su control. Los plazos del diálogo también es un tema espinoso. El gobierno quiere tener resultados concretos para febrero de 2014. Santos teme que las FARC recurran a maniobras dilatorias y aprovechen las conversaciones para fines de propaganda. Márquez, por su parte, ha advertido que no hay tiempos acotados: “La pretendida paz ‘exprés’ que algunos promocionan por sus afanes, sólo conduciría a los precipicios de la frustración”.
En todo caso el gobierno lleva ventaja en este round negociador. Las FARC han visto descender sus efectivos de más de 20.000 a unos 10.000. Las fuerzas regulares, entre tanto, han incrementado su contingente de 300 mil a cerca de 450 mil . Además han dado un salto notable en la sofisticación del armamento. En especial en su fuerza aérea, las comunicaciones y la capacidad de detección. Estados Unidos brindó en el curso de los últimos años ayuda bélica sustantiva a Bogotá en el marco del “Plan Colombia”. En los pasados once años la contribución estadounidense supera los 8 mil millones de dólares.
En lo que toca a los colombianos más de dos tercios de las personas encuestadas aprueba el proceso de negociaciones. Existe consenso en el país, que ha tenido un desempeño económico pujante, que si logran superar el conflicto les espera una etapa de desarrollo prometedor. Ello si, en definitiva, logran mayor equidad.

Colombia busca la paz.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano han intentado, ya varias veces,  acabar con medio siglo de enfrentamiento. Ahora el Presidente Juan Manuel Santos anuncia que se realizarán, en Noruega,  conversaciones con la organización insurgente con vistas a establecer la paz.  La balanza del poder político y militar se inclina con mucho a favor del oficialismo. Unas fuerzas armadas  y policía, muy fortalecidas en hombres y equipos, han asestado duros golpes a los irregulares que han perdido la iniciativa militar.  El respaldo brindado a Bogotá por Estados Unidos, a través del “Plan Colombia”,  ha surtido efecto. Desde el año 2000 Washington  ha inyectado unos seis mil millones de dólares para el desarrollo de la guerra contra las FARC y Ejército de Liberación Nacional  (ELN). Santos, en todo caso, advirtió que entran a las negociaciones con mano dura: no habrán indultos, zonas de despeje o santuarios  para los guerrilleros y los responsables de crímenes de lesa humanidad deberán comparecer ante la justicia.

En el plano internacional la diplomacia estadounidense ha brindado pleno respaldo a la iniciativa negociadora. Victoria Nulan,  vocera del Departamento de Estado, señaló: “Le damos la bienvenida a los esfuerzos para poner fin a este extenso conflicto y que llegue la paz duradera en Colombia”. Hay también otros estados que siguen de cerca el proceso y han brindado sus servicios. En marzo Santos realizó un viaje  relámpago a Cuba y ha mantenido contactos sobre el tema con Venezuela.

Nadie duda que la paz beneficie a todos los colombianos. Sin embargo, los escollos para llegar a buen puerto son mayores. En el país hay tres millones de personas desplazadas por el conflicto. Grandes extensiones de tierras han sido usurpadas por fuerzas paramilitares ligadas a narcotraficantes. Revertir este proceso y asegurar las propiedades a sus legítimos dueños no será fácil. También los militantes de las fuerzas guerrilleras querrán acceso a tierras y, lo más importante, exigirán garantías efectivas para su integridad física.

Todavía está fresca la memoria de lo ocurrido, en 1982,  cuando el gobierno del Presidente Belisario Betancur promovió  una apertura política que contemplaba una amnistía. El viraje fue bien recibido por los insurgentes y se esbozaron negociaciones que fueron muy resistidas por las fuerzas armadas.  Las FARC realizaron un esfuerzo de reinserción política a través de un brazo político, la Unión Patriótica (UP). El experimento fue un absoluto fracaso pues los militantes de la UP, que incluía a guerrilleros desmovilizados, fueron asesinados en forma masiva. Elementos paramilitares y no identificados,  el eufemismo para aludir a militares y fuerzas del Estado, mataron a más de dos mil militantes de la UP.

 

Habrá que seguir con atención la marcha de un proceso que será largo y

tortuoso. Como dicen los colombianos “negociarán dándose plomo”. Pero si el éxito corona los esfuerzos Colombia habrá salvado uno de los mayores obstáculos para su desarrollo.