El atentado contra Maduro.

 

“Le vi la cara a la muerte y le dije: Vete, no me ha llegado la hora, vete de aquí muerte lo que tiene que venir aquí es la vida”. Así  describió el Presidente Nicolás Maduro lo que pensó durante el atentado contra su vida, ocurrido  el pasado sábado 4 de agosto.  El incidente ha puesto de relieve, una vez más, la absoluta polarización política entre los venezolanos.

El gobierno señaló que un par de drones cargados con explosivos intentaron alcanzar el podio presidencial para acabar con la vida del primer mandatario.  Hay una grabación de uno de los drones que estalla en el aire  sobre las tropas de la Guardia Nacional Bolivariana que celebraban su aniversario. Al escuchar una detonación soldados y civiles corren en busca de refugio. Este es el primer caso conocido en que se emplean drones para perpetrar un magnicidio. Apenas un par de horas más tarde Maduro denunció a  elementos de extrema derecha venezolanos coludidos con sicarios colombianos. Más drástica aún fue la acusación que el Presidente colombiano Juan Manuel Santos era parte de la conspiración.

En lo que toca a la oposición y numerosos usuarios de redes sociales la reacción fue mixta. Algunos señalaban que de ser cierto el atentado era una demostración de la fragilidad del régimen. La mayoría, sin embargo, postuló que era un auto atentado destinado a justificar la represión. La incredulidad opositora, que se apresuró en reafirmar su vocación de luchar por medios pacíficos, recuerda  lo ocurrido con las granadas lanzadas desde un helicóptero por el capitán Óscar Pérez. El alzado oficial de policía ejecutó la acción el 27 de junio de 2017. Entonces el  hecho fue calificado por círculos opositores como un “show” atribuido al propio gobierno.  El 15 de enero de 2018 Pérez, que había permanecido en la clandestinidad,  fue abatido por fuerzas de seguridad.

Con los antecedentes públicos disponibles es imposible establecer con precisión lo ocurrido. Desde ya, en todo caso, la vigilancia sobre el vuelo de drones se redoblará en actos públicos en que participan altas autoridades. En la actualidad  existen dispositivos electrónicos  para impedir que estos aparatos ingresen a determinados perímetros.

Luego del seguimiento periodístico de muchos atentados es difícil encontrar ejemplos de intentos de un  magnicidio urdido por el propio blanco potencial. A ningún mandatario le interesa, ni aun para justificar la posterior represión,  señalar la viabilidad  de ataques  en su contra. Más bien aspiran a proclamar su invulnerabilidad.  El mero hecho que se atente contra la vida de un mandatario abre una interrogante sobre su continuidad en el poder.  Ello porque allí donde hay individuos dispuestos a dar sus vidas para cambiar un régimen está el germen de una  resistencia armada. Así, aunque el atentado fracase siempre tiene un potente valor simbólico.

Lo único que podrá establecer que ocurrió serán pruebas físicas irrefutables.   Pero aun así, si semejante evidencia saliera a la luz, dada la división enconada siempre habrá  más de una versión de lo ocurrido. En definitiva, cada cual cree lo que quiere creer.

El limbo colombiano

La paradoja colombiana es que todos, sin excepción, se declaran partidarios de la paz. Una facción de los colombianos estimó, sin embargo, que los términos del Acuerdo de paz,  labrado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a lo largo de cuatro años,  ofrecía demasiados beneficios a los guerrilleros. El tema fue sometido a la ciudadanía y solo 38 por ciento del universo electoral asistió a las urnas. Los partidarios del No, contrarios al acuerdo, vencieron por un estrecho margen de  55.737 votos de casi 13 millones de sufragios depositados.  En definitiva el  19 por ciento del electorado, que representa a los sectores más conservadores, echó por tierra una paz que aparecía al alcance de la mano.

El problema con los plebiscitos es que a menudo los votantes no responden a la pregunta que se les formula.  Dada la impopularidad del Presidente  Juan Manuel Santos sus detractores buscaron convertir el plebiscito en lo que algunos llamaron un  ‘plebisantos’.  En Colombia los partidarios del No, encabezados por el ex Presidente Álvaro Uribe,  movilizaron con éxito a terratenientes opuestos a una reforma agraria y sumaron a los poderosos movimientos religiosos de derecha, tanto católicos como evangélicos. En su narrativa Uribe postuló que el Acuerdo traería “más impuestos,  expropiaciones de tierras, gasto público ineficiente, policía política al estilo castrista, un  deterioro de la economía y el agravamiento  de la crisis social, lo cual le permitiría la toma del poder para implantar definitivamente el fracasado Socialismo Siglo XXI, al estilo de la hermana Venezuela. Las Farc lo confiesan sin reservas”.

Así la consulta versó tanto sobre el futuro político de la sociedad colombiana como sobre el Acuerdo con las Farc. Frente a los insurgentes Uribe y una facción significativa de las fuerzas armadas son partidarios de infligirles  una derrota militar  definitiva. El punto  más debatido del acuerdo de paz es lo que se ha llamado la justicia transicional. En concreto los líderes guerrilleros, luego de admitir sus crímenes, cumplirían penas no superiores a ocho años en granjas abiertas. Uribe y sus partidarios lo consideran inaceptable. Pero cabe preguntarse si los jefes guerrilleros aceptarán un acuerdo que los condene a 30 años de prisión. A fin de cuenta disponen de una tropa aguerrida de seis mil efectivos. La Farc no puede derrotar a las fuerzas armadas nacionales. Pero si puede causarles daño y desangrar la economía nacional. Su mera existencia es un desincentivo a las inversiones en vastas zonas del país.

Durante décadas, de una forma u otra, la política colombiana ha girado en cómo concluir la guerra. Se han realizado una serie de negociaciones fallidas. A comienzos de los 80 la Farc creó un partido político, llamado la Unión Patriótica, que no prosperó pues más de dos mil de sus militantes  fueron asesinados.

El premio Nobel de la Paz otorgado al  Presidente Santos es un aliciente a los partidarios de concluir la guerra. Es llamativo, sin embargo,  el quiebre del acostumbrado principio de galardonar a las partes firmantes. En el caso de sudafricano Mandela y de Klerk, por parte del régimen del apartheid, compartieron el  prestigioso reconocimiento. Para bailar tango se necesitan dos, dice el refrán. Sobre la base de esta tradición las Farc también eran merecedoras del premio. A fin de cuentas sin ellas no habría un  Acuerdo de Paz. En todo caso hoy lo único cierto sobre el futuro del conflicto en Colombia es la incertidumbre

Termina la guerra más larga de Latinoamérica

Ya se ha dicho que es más fácil iniciar una guerra que terminarla. El acierto es ratificado tras más de medio siglo de lucha entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado. El Presidente Juan Manuel Santos no exageró  al sentenciar que: “Hoy comienza el fin del sufrimiento”. El mandatario abundó que se tenía “un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC”.

El 24 de agosto quedará en los anales históricos como el día en que concluyeron formalmente las hostilidades entre ambos bandos. Por Bogotá pasaron siete gobiernos. Algunos intentaron y fracasaron en sus intentos por desmovilizar a una guerrilla que fue una protagonista central de la vida política del país. La lucha fratricida dejó 220 mil muertos a lo largo de 52 años.

Tras cuatro laboriosos años de negociaciones en La Habana se concluyó que las FARC entregarán sus armas a Naciones Unidas en un plazo de seis meses. Uno de los temas más complejos es el de la llamada Justicia Especial para la Paz. Los que sean sancionados sufrirán restricciones a su libertad. Las condenas serán servidas en campos de detención especiales. Este punto de los acuerdos es el que suscita mayor rechazo. El ex Presidente Álvaro Uribe encabeza a los partidarios de rechazar el acuerdo.   En un plano más favorable a las FARC el gobierno asumió el compromiso de realizar inversiones sustantivas en regiones rurales. El objetivo es superar la pobreza y la violencia que ha sufrido el campesinado y asegurar que los cinco millones de  desplazados puedan volver a sus hogares.

Una vez que los guerrilleros hayan abandonado sus uniformes y constituyan un partido político tendrán asegurada una representación parlamentaria, por dos períodos,  a través de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara. La lucha política y parlamentaria es un escenario muy diferente al que están acostumbrados los guerreros de selvas y remotas montañas. El mayor reto será preservar su unidad de propósitos y eludir los atentados contra sus vidas. Esto porque en esfuerzos de integración anteriores los guerrilleros desmovilizados fueron diezmados. En esta oportunidad han pedido la protección activa de su gran enemigo: las fuerzas armadas. El camino no está recorrido hasta que se da el último paso. Pese a los formidables avances logrados todavía se vislumbran nubarrones. Está pendiente una gran conferencia de las FARC que debe ratificar el acuerdo. Otra interrogante es cuál será el resultado del plebiscito que consultará a la ciudadanía si están a favor o en contra del acuerdo.

Entre el Sí y el No.

Los colombianos tendrán, como corresponde, la última palabra sobre el acuerdo de paz. La papeleta del plebiscito, que se realizará el 2 de octubre, tendrá dos opciones. Sí para la aceptación del acuerdo suscrito por la FARC y el gobierno. Un No indicará el rechazo. La última encuesta realizada para el periódico El Tiempo y La W Radio es estrecho: 32,1 por ciento de los encuestados está a favor del Sí contra 29,9 que prefiere el No, con un alto porcentaje de abstenciones.

 

 

Colombia: adiós a las armas

Es más fácil iniciar una guerra que terminarla. Especialmente en Colombia donde el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han librado una lucha fratricida por más de medio siglo. Décadas de violencia que dejan 220.000 muertes, de las cuales 80 por ciento corresponden a civiles. Ahora, en un acto en La Habana, las partes beligerantes han anunciado “el cese bilateral  y definitivo del conflicto armado”. Si se cumple lo pactado marcaría el fin de una insurgencia que parecía eternizarse.

Es la culminación de largo proceso negociador en que se ha acordado la devolución de tierras a los campesinos desplazados por la lucha. El país llevará adelante una reforma agraria que ha sido una de las reivindicaciones centrales de los insurgentes. Han acordado enfrentar el narcotráfico y reemplazar los cultivos de drogas. Asimismo han esbozado planes para la reincorporación de los guerrilleros a la vida política. Finalmente, uno de los puntos  más delicados,  en toda guerra,  es el de la justicia y la entrega de armas por parte de los irregulares. Este es el momento de mayor peligro y vulnerabilidad para quienes buscan dejar el monte y reinsertarse en la sociedad. La historia de las guerrillas latinoamericanas está jalonada de transiciones frustradas. Desde Emiliano Zapata pasando por Augusto Cesar Sandino a las propias FARC. Una vez desarmados los insurgentes son asesinados por agentes del Estado o paramilitares. De allí que serán claves las garantías de seguridad para los excombatientes.

A la firma del cese del fuego definitivo se le ha querido dar la mayor solemnidad. De allí la presencia de presidentes y representantes de Estados Unidos y la Unión Europea. El viaje de la Presidenta Michelle Bachelet es un reconocimiento al positivo papel de Chile durante las negociaciones, a través del embajador Luis Maira y el ex subsecretario de aviación Raúl Vergara.

En todo caso los protocolos deben ratificarlos los colombianos en un plebiscito previsto para el segundo semestre. El Presidente Juan Manuel Santos enfrenta la oposición del ex Presidente Álvaro Uribe que llama a la “resistencia civil” contra una amnistía a los ex guerrilleros y su aceptación en la política nacional. En las filas uribistas denuncian que el proceso de paz abre las puertas al “castro-chavismo”. Santos, por su parte, afirmó que si no se ratifican los acuerdos  “regresaría la guerra y podría llegar a las ciudades”. El Presidente busca evitar el calificativo de la “paz de Santos” con la que el uribismo pretende politizar la campaña plebiscitaria.

Qué piensan los colombianos.

Según las encuestas la intención de voto en un eventual plebiscito muestra que la aprobación es mayoritaria. La encuestadora Opinómetro señala un 57,2 por ciento a favor y  33,2 en contra. De acuerdo con Gallup, 66 por el sí versus 24 por él no. Pero, claro, mucho dependerá de lo que ocurra en los meses venideros pues no faltan los interesados en descarrilar el proceso.

Colombia; Santos en la corte

Las FARC y Bogotá cara a cara

La más antigua guerrilla latinoamericana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se sentó cara a cara con representantes del gobierno colombiano en la capital noruega. El propósito de la cita en Oslo es concluir un conflicto armado que se arrastra por más de medio siglo. La tarea que aguarda a ambos bandos es ardua y compleja.
A la cabeza de la agenda de negociación está, precisamente, la causa que gatilló el conflicto: las tierras. El Presidente Juan Manuel Santos ha señalado que llevará a cabo una reforma agraria y que restituirá tierras a cientos de miles de campesinos despojados a lo largo de la guerra. Las FARC, que ante todo son una guerrilla rural y que algunos califican como un movimiento de autodefensa campesino, postulan que los planes gubernamentales son insuficientes. Iván Márquez, cuyo nombre real es Luciano Marín, que encabeza la delegación de las FARC puntualizó sobre el tema: “El problema de la tierra es causa histórica de la confrontación en Colombia…por eso la lucha por los territorios está en el centro de la lucha”.
Es claro que las negociaciones, que continuarán en La Habana, se harán con un intermitente intercambio de plomo. El gobierno habla de entrega de las armas guerrilleras mientras los irregulares dicen que solo están dispuestos a dejarlas. Esto quiere decir que dejarían de usarlas pero las mantendrían bajo su control. Los plazos del diálogo también es un tema espinoso. El gobierno quiere tener resultados concretos para febrero de 2014. Santos teme que las FARC recurran a maniobras dilatorias y aprovechen las conversaciones para fines de propaganda. Márquez, por su parte, ha advertido que no hay tiempos acotados: “La pretendida paz ‘exprés’ que algunos promocionan por sus afanes, sólo conduciría a los precipicios de la frustración”.
En todo caso el gobierno lleva ventaja en este round negociador. Las FARC han visto descender sus efectivos de más de 20.000 a unos 10.000. Las fuerzas regulares, entre tanto, han incrementado su contingente de 300 mil a cerca de 450 mil . Además han dado un salto notable en la sofisticación del armamento. En especial en su fuerza aérea, las comunicaciones y la capacidad de detección. Estados Unidos brindó en el curso de los últimos años ayuda bélica sustantiva a Bogotá en el marco del “Plan Colombia”. En los pasados once años la contribución estadounidense supera los 8 mil millones de dólares.
En lo que toca a los colombianos más de dos tercios de las personas encuestadas aprueba el proceso de negociaciones. Existe consenso en el país, que ha tenido un desempeño económico pujante, que si logran superar el conflicto les espera una etapa de desarrollo prometedor. Ello si, en definitiva, logran mayor equidad.

Colombia busca la paz.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano han intentado, ya varias veces,  acabar con medio siglo de enfrentamiento. Ahora el Presidente Juan Manuel Santos anuncia que se realizarán, en Noruega,  conversaciones con la organización insurgente con vistas a establecer la paz.  La balanza del poder político y militar se inclina con mucho a favor del oficialismo. Unas fuerzas armadas  y policía, muy fortalecidas en hombres y equipos, han asestado duros golpes a los irregulares que han perdido la iniciativa militar.  El respaldo brindado a Bogotá por Estados Unidos, a través del “Plan Colombia”,  ha surtido efecto. Desde el año 2000 Washington  ha inyectado unos seis mil millones de dólares para el desarrollo de la guerra contra las FARC y Ejército de Liberación Nacional  (ELN). Santos, en todo caso, advirtió que entran a las negociaciones con mano dura: no habrán indultos, zonas de despeje o santuarios  para los guerrilleros y los responsables de crímenes de lesa humanidad deberán comparecer ante la justicia.

En el plano internacional la diplomacia estadounidense ha brindado pleno respaldo a la iniciativa negociadora. Victoria Nulan,  vocera del Departamento de Estado, señaló: “Le damos la bienvenida a los esfuerzos para poner fin a este extenso conflicto y que llegue la paz duradera en Colombia”. Hay también otros estados que siguen de cerca el proceso y han brindado sus servicios. En marzo Santos realizó un viaje  relámpago a Cuba y ha mantenido contactos sobre el tema con Venezuela.

Nadie duda que la paz beneficie a todos los colombianos. Sin embargo, los escollos para llegar a buen puerto son mayores. En el país hay tres millones de personas desplazadas por el conflicto. Grandes extensiones de tierras han sido usurpadas por fuerzas paramilitares ligadas a narcotraficantes. Revertir este proceso y asegurar las propiedades a sus legítimos dueños no será fácil. También los militantes de las fuerzas guerrilleras querrán acceso a tierras y, lo más importante, exigirán garantías efectivas para su integridad física.

Todavía está fresca la memoria de lo ocurrido, en 1982,  cuando el gobierno del Presidente Belisario Betancur promovió  una apertura política que contemplaba una amnistía. El viraje fue bien recibido por los insurgentes y se esbozaron negociaciones que fueron muy resistidas por las fuerzas armadas.  Las FARC realizaron un esfuerzo de reinserción política a través de un brazo político, la Unión Patriótica (UP). El experimento fue un absoluto fracaso pues los militantes de la UP, que incluía a guerrilleros desmovilizados, fueron asesinados en forma masiva. Elementos paramilitares y no identificados,  el eufemismo para aludir a militares y fuerzas del Estado, mataron a más de dos mil militantes de la UP.

 

Habrá que seguir con atención la marcha de un proceso que será largo y

tortuoso. Como dicen los colombianos “negociarán dándose plomo”. Pero si el éxito corona los esfuerzos Colombia habrá salvado uno de los mayores obstáculos para su desarrollo.

Colombia: una chance de paz.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)  anunció que renuncia  a las “retenciones de personas” con fines financieros – secuestros destinados a la extorsión para el gobierno- y  que dejará en libertad a los últimos diez uniformados aún en su poder. Con el anuncio los insurgentes cumplen con uno de los requisitos del oficialismo para iniciar negociaciones de paz.

La reacción del Presidente Juan Manuel Santos fue cauta: “Es un paso importante y necesario pero no suficiente”.  El gobierno exige a los irregulares, para iniciar un diálogo, que dejen de reclutar menores y cesen los ataques terroristas.

Los mandos de las FARC deben haber anticipado una respuesta semejante pues en su comunicado señalan: “Cada vez que las FARC-EP hablamos de paz, de soluciones políticas a la confrontación, de la necesidad de conversar para hallar una salida civilizada a los graves problemas sociales y políticos que originan el conflicto armado en Colombia, se levanta enardecido el coro de los amantes de la guerra a descalificar nuestros propósitos de reconciliación”. Los secuestros de civiles inocentes para obtener recompensas económicas, a diferencia de la toma de prisioneros uniformados en combate, llegaron a constituirse en una práctica regular de la guerrilla.  Una de las técnicas empleadas era cínicamente llamada la “pesca milagrosa”. Ella consistía en  filtrar el tráfico en carreteras  tras personas adineradas, “peces gordos”, para retenerlos hasta que sus familias pagaran lo que exigían por ellos. Esta práctica, una flagrante violación de los derechos humanos,  generó una condena generalizada, en Colombia y a nivel internacional. Según fuentes oficiales, en 2011, en el país se registraron 298 secuestros de los cuales 26 por cientos son atribuidos a los insurgentes.

Las FARC y el gobierno colombiano siempre han coincidido en un punto: el conflicto no tiene una solución militar y la paz definitiva será producto de una negociación. Pero, claro, cada cual quiere dictar sus condiciones en la mesa de conversaciones. El gobierno ha tenido éxito en su política de acabar con los líderes más emblemáticos de los rebeldes. La guerrilla ha vuelto a lo que sabe hacer mejor: morder y huir. Replegarse a zonas distantes y atacar por sorpresa para retirarse sin dar combate. Así, una vez tras otra,  las FARC y otras organizaciones han acumulado fuerzas para lanzar ataques más osados. Luego las fuerzas armadas lanzan sus ofensivas y fuerzan a sus enemigos al repliegue. Así,  durante medio siglo. La inigualada permanencia en el tiempo de la insurgencia colombiana es testimonio de la ineficacia de las sucesivas políticas gubernamentales. La resistencia armada subsiste, en gran medida, por la violencia de las fuerzas regulares y elementos paramilitares que asesinan y usurpan tierras. En este último plano Santos ha buscado revertir algunos de los abusos. Pese a ello en 2011  fueron  asesinados 50  dirigentes sindicales en todo el país.