Chile y su no a La Haya

 

Total consenso en la clase política chilena: la  Corte Internacional de Justicia (CIJ) es incompetente para dirimir sobre la demanda marítima boliviana. Como frente al Perú hay una proclamación unánime que el derecho asiste al país. Los argumentos nacionales, se señala, descansan en la irrefutable validez de tratados y las fronteras establecidas por ellos.  Desde esta perspectiva la unidad nacional, que nada tiene que ver con  razones jurídicas, es un arma política potente. La ciudadanía es enemiga a toda concesión territorial y, como es natural, rinde dividendos domésticos  erguirse en el intransigente  defensor de cada centímetro del terruño. Es un punto sobre el que todos pueden concordar. Fuera de las fronteras la unidad ayuda a la defensa de los postulados criollos. El panorama sería diferente si se levantasen voces disidentes al interior del Estado.

En Bolivia hay un cuadro similar. Antiguo rivales políticos convergen en la reivindicación para una salida continua y soberana al Océano  Pacífico. Es dudoso que el gobierno boliviano tenga esperanzas de obtener de la CIJ una satisfacción a su demanda. Esgrimir derechos expectativos, basados en conversaciones previas,  tiene poco asidero. La estrategia boliviana apunta a levantar el perfil de sus exigencias.   Es, por lo tanto, parte de una ofensiva política antes que jurídica.  Desde esa óptica La Paz ha tenido cierto éxito pues tiene una nueva instancia para denunciar lo que considera la intransigencia chilena.  La respuesta boliviana al rechazo chileno a la competencia de la  CIJ fue tan instantánea como previsible.  Si Santiago está tan seguro de sus argumentos por qué teme dejarlo en manos de jueces imparciales. El Presidente Evo Morales acusó a Chile de proclamarse   “como un país respetuoso del derecho y de tratados…pero simultáneamente rechaza la competencia del principal órgano  de administración de justicia en materia internacional”.

La impugnación chilena será analizada por la CIJ con celeridad habitual. El canciller Heraldo Muñoz estima que ello podría tardar hasta un año y medio. Bolivia no tiene apuro y este es un período que podrá aprovechar para mantener su campaña en diversos foros. Su gobierno aparece a la ofensiva frente a un Chile que bloquea todas las rutas para encontrar una salida. Esto favorece a La Paz de cara su propia opinión pública, que como la chilena se ha galvanizado tras sus gobernantes.

Para Chile el peligro es que el enfoque jurídico nuble los  intereses estratégicos del país. La cuestión de fondo es qué relación desea tener con Bolivia, y como ello repercute ante terceros países. La misma pregunta y con igual fuerza  debe formularse La Paz ante Santiago. El destino de la buena vecindad entre las dos naciones estará mejor servida por negociaciones soberanas y directas. Delegar el diferendo en manos de una corte remota y extraña a la región es engañarse. Una solución satisfactoria y efectiva solo ocurrirá si existe la voluntad política para alcanzarla.